This article has been translated by Ana María González, retired professor of Spanish and French at Texas Lutheran University. Read the story in English here.

Más de un año después de que los alguaciles adjuntos del condado de Béxar dispararan y mataran al residente local Damian Daniels durante una llamada por cuestiones de salud mental, el juez del condado de Béxar, Nelson Wolff, visiblemente frustrado, le preguntó al alguacil Javier Salazar por qué las imágenes de la cámara corporal del acontecimiento aún no se han hecho públicas.

“¿Por qué no podemos publicarlas? ¿Qué tiene de difícil lanzarlas al público?” preguntó Wolff en una reunión el martes.

Salazar desvió la pregunta diciendo, “No sé nada de eso”.

La muerte de Daniels sirvió como punto clave para los comisionados del condado de Béxar el martes, ya que aprobaron por unanimidad una nueva política que requiere que las oficinas de aplicación de la ley del condado, incluida la oficina del sheriff y los agentes de los cuatro precintos, publiquen imágenes de la cámara corporal en un plazo máximo de 10 días a partir del momento en que ocurra un “incidente crítico”.

Los incidentes críticos se definen como eventos cuando alguien sufre lesiones corporales graves o incluso la muerte a manos de un oficial de la ley o mientras se encuentra bajo la custodia del condado. Si el jefe de una agencia de ejercicio de la ley determina que la publicación de un video de un encuentro con un oficial sirve para “un propósito de aplicación de la ley”, tal caso también entra en esta definición.

Si una agencia quiere retrasar la publicación de las imágenes más allá de ese plazo, deberá consultar con el fiscal de distrito, de acuerdo con la política recientemente adoptada.

Antes, la Oficina del Sheriff del condado de Béxar procesaba las solicitudes de imágenes de cámaras corporales “más caso por caso”, aclaró Salazar a los periodistas el lunes.

Los comisionados originalmente buscaron establecer un cronograma de 60 días para publicar imágenes de cámaras corporales, coincidiendo con la política del Departamento de Policía de San Antonio. Salazar envió una carta a los comisionados el lunes recomendando que ese plazo se redujera a 30 días. Y el martes, la Comisionada Trish DeBerry (Precinto 3) propuso el límite de 10 días.

Salazar parecía perturbado por la nueva propuesta.

“Ayer pedías 60 y lo superamos”, expresó. “Parece que el objetivo se movió cuando superé esa expectativa”.

Salazar indicó que no estaba seguro de si su oficina podría cumplir con ese plazo.

“Odio comprometerme más de la cuenta”, enfatizó.

Si bien los cinco miembros del Tribunal de Comisionados votaron para aprobar la nueva política de cámaras corporales, los comisionados Rebeca Clay-Flores (Precinto 1) y Justin Rodríguez (Precinto 2) expresaron su preocupación de que la corte se apresurara a tomar una decisión.

Rodríguez dijo que pensaba que se suponía que la discusión del martes comenzaría la conversación sobre la disponibilidad de imágenes de cámaras corporales y pidió a sus colegas que consideren posponer el tema hasta enero después de hablar con los defensores y las oficinas del fiscal de distrito y del alguacil.

“No creo que esa sea la forma correcta de formular políticas”, afirmó. “Estos son temas críticos y sé que debe haber cierto sentido de urgencia aquí. Pero la realidad es que representan… el comienzo de una conversación”.

Aunque Rodríguez no tuvo suficiente apoyo para retrasar el asunto, Clay-Flores logró persuadir a sus compañeros comisionados de que dedicaran a dos miembros del personal a preparar imágenes de la cámara corporal para su publicación en la oficina del alguacil. En este momento, cualquier filmación de video con matrículas o que incluya a menores debe ser propiamente editado con el fin de proteger la identidad de los implicados antes de ser publicado.

Clay-Flores enfatizó que ella apoya la implementación de una política de cámaras corporales y le gustaría considerar una fecha límite de lanzamiento incluso menor a 10 días.

“Sin embargo, cuando se pasa de tener una política no muy buena a 10 días sin tener el apoyo financiero para la tecnología y el personal, entonces ese es un ingrediente para el fracaso”, expresó. “Por lo tanto, debemos asegurarnos de que si decimos que haremos esto en 10 días, debemos asegurarnos de que se cuente con el respaldo del personal requerido”.

Los comisionados también agregaron una advertencia el martes de que cualquier inversión futura en cámaras corporales solo se haría si la oficina del alguacil adopta y sigue la política de publicación de 10 días. Salazar realizó una conferencia de prensa el lunes diciéndoles a los reporteros que esperaba pedir a los comisionados mejores cámaras corporales y aparatos de Taser de Axon, la compañía de Scottsdale, Arizona que actualmente suministra ambos artículos para su departamento. Esa solicitud de $9 millones no estaba en la agenda del martes.

“Estoy a favor de la transparencia y de estar a la vanguardia, pero necesitamos tecnología de punta”, aseguró Salazar a los periodistas el martes.

DeBerry, quien frecuentemente se ha enfrentado a Salazar por los gastos de su departamento, lo reprendió por solicitar más fondos para cámaras corporales sin tener una política escrita de publicación sobre el material adquirido con el uso de las mismas. Afirmó que estaría feliz de volver a pagar por un nuevo equipo de cámara corporal en el futuro si se sigue la política.

“Si ya tenemos cámaras corporales y no estamos entregando videos, ¿qué incentivo habría para que sigamos financiando las cámaras corporales?” preguntó ella. “Fue simplemente absurdo para mí. Y este absurdo ya se acabó.”

Jackie Wang

Jackie Wang is the local government reporter at the San Antonio Report.