This article has been translated by Ana María González, retired professor of Spanish and French at Texas Lutheran University. Read the story in English here.

Los legisladores demócratas criticaron duramente el viernes al gobernador Greg Abbott por “lanzar bombas políticas” y lo desafiaron a demostrar las afirmaciones que hizo esta semana sobre abuso sexual en las instalaciones de San Antonio donde se alberga a jóvenes migrantes. Abbott pidió que se cerrara dicho servicio instalado temporalmente en el Coliseo Freeman en medio de las acusaciones.

El Coliseo Freeman ha estado operando como un refugio de emergencia que alberga a niños y jóvenes migrantes de entre 13 y 17 años desde el 30 de marzo. Es uno de los varios sitios que el gobierno federal ha instalado en respuesta a la afluencia de menores que han llegado solos de Centroamérica. Pero el miércoles, Abbott dijo que dos agencias estatales habían recibido informes de abuso sexual, escasez de personal y alimentación inadecuada, junto con la ausencia de medidas de prevención del coronavirus.

“Si hay acusaciones, las tomamos [en serio]. … Pero para que el gobernador juegue estas políticas de piñata, presente una acusación y haga muy poco o nada para respaldar tales afirmaciones o ayudar en la investigación con los funcionarios federales, tenemos que tomar eso al pie de la letra,” dijo el representante estatal Trey Martínez Fischer (D-San Antonio).

Martínez Fischer se unió a siete de sus colegas legisladores estatales, el representante de los Estados Unidos Joaquín Castro (D-San Antonio), el juez del condado de Béxar Nelson Wolff y la comisionada Rebeca Clay-Flores (Parte 1) para realizar un recorrido por el Coliseo Freeman el viernes, seguido de una conferencia de prensa.

El miércoles, Abbott ordenó a los Texas Rangers y al Departamento de Seguridad Pública que comenzaran “inmediatamente” una investigación sobre las denuncias de abuso. Un portavoz del DPS aseguró el viernes que el departamento no podía dar más detalles ya que hay una “investigación en curso.”

Abbott también envió una carta a la vicepresidente Kamala Harris el viernes pidiéndole el cierre de este refugio instalado en el Coliseo Freeman y que trasladara a los niños a otras instalaciones administradas por el gobierno federal “donde el gobierno federal tenga el espacio, el personal y los recursos para garantizar su seguridad.”

El gobierno federal estableció un albergue de emergencia en San Antonio cuando el número de niños migrantes que arriban solos al país y que se entregan a la custodia federal en la frontera sur alcanzó niveles récord en marzo. Según el Washington Post, el gobierno de Biden parece estar gastando $60 millones a la semana para cuidar a menores migrantes que se encuentran solos ya que en la red de albergues permanentes se agotó el número de camas rápidamente. El Washington Post también informó que el costo de administración de albergues de emergencia es más del doble que el generado en los refugios permanentes.

Según el acuerdo entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y el condado de Béxar, la agencia federal proporcionará personal, seguridad y equipo para el coliseo y reembolsará al condado cualquier costo en el que incurra mientras la instalación se utilice para albergar a jóvenes migrantes.

En su carta a Harris, Abbott también adjuntó un memorando del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas y la Comisión de Salud y Servicios Humanos donde se explican las acusaciones recibidas por las agencias. Las agencias recibieron tres informes en total, afirmaron los representantes. Entre ellos se incluyen preocupaciones sobre la proporción de personal, la falta de supervisión durante la noche y durante las duchas, los niños que no comen lo suficiente y que “los niños que son homosexuales puedan ser acosados”.

“El DFPS y la HHSC (por sus siglas en inglés) han remitido estos asuntos a la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados”, escribieron los representantes de la agencia en el memorando fechado el jueves.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está investigando estos reclamos, asentó Castro. Ninguna de las acusaciones que compartieron las agencias incluía preocupaciones sobre agresión sexual, señaló.

“Esas son acusaciones muy serias, e independientemente de nuestro partido político o de quiénes seamos, estemos en política o no, todos deberíamos estar preocupados por el bien y el bienestar de estos niños”, agregó Castro. “Así que animo al gobernador a que presente cualquier evidencia que tenga de cualquier abuso sexual, abuso físico o cualquier otra cosa. El gobernador tiene la responsabilidad de presentar esa evidencia lo antes posible. De lo contrario, no ofrece ningún tipo de ayuda ni solución. Solo está lanzando bombas políticas.”

El representante federal Tony Gonzales (R-San Antonio) también visitó el Coliseo Freeman el viernes, según un comunicado de prensa de su oficina. Aunque no compartió detalles de su gira, dijo que “cualquier alegación de mala conducta o abuso debe ser investigada a fondo.”

“Como padre de seis hijos, ver a estos niños solos es desgarrador”, dijo Gonzales en un comunicado el viernes. “Cualquier niño, sin importar su estatus legal, debe estar protegido contra cualquier tipo de abuso. El Coliseo Freeman estará lleno al máximo este fin de semana. Tengo otras tres instalaciones como ésta en mi distrito. La crisis fronteriza es una crisis humanitaria y no mejorará hasta que el presidente Biden trabaje con el Congreso para encontrar una solución con el fin de proteger nuestra frontera.”

Castro indicó que casi 1,900 jóvenes migrantes están alojados actualmente en el Coliseo Freeman. De ellos, le informaron que 182 habían salido positivos con el coronavirus y que estaban retenidos en un área separada dentro del coliseo. Los informes que las agencias estatales compartieron con la oficina del gobernador el jueves no incluyeron acusaciones de falta de medidas de prevención del coronavirus.

La representante estatal Barbara Gervin-Hawkins (D-San Antonio) también dijo que la proporción de personal del coliseo parecía ser aceptable, a pesar de las acusaciones recibidas por las agencias estatales. Parece haber un miembro del personal por cada 20 niños, y la meta es tener un miembro del personal por cada 15, aclaró.

“En educación, tenemos 1 (maestro) para 22 (alumnos) en el aula”, dijo. “Si [en este caso] lo único que se busca es una supervisión general, 1 por cada 20 no es lo óptimo, pero es una buena situación.”

Jackie Wang

Jackie Wang

Jackie Wang is the local government reporter at the San Antonio Report.